La sorprendente inflexión ciudadana

La reciente encuesta presidencial dada a conocer por la Universidad Diego Portales, entregó valiosa información no solo sobre los niveles de adhesión de las candidaturas presidenciales en primera y segunda vuelta, sino también sobre las percepciones que los chilenos y chilenas tienen en distintos temas de interés nacional.

Fue muy interesante constatar la positiva evaluación que los chilenos y chilenas hacen de la situación económica actual y futura del país, pese a la crisis imperante. Así como, reconocer las opiniones sobre la píldora del día después y la presencia del Estado, entre otros temas, que vienen a confirmar lo que otros estudios han venido señalando insistentemente: lo estatistas y liberales que están los chilenos.

No obstante, un dato verdaderamente revelador de esta encuesta, es posible descubrirlo cuando a los encuestados se les pregunta por quiénes creen que son los principales beneficiados con las políticas que ha implementado la Presidenta Bachelet. Las respuestas de los entrevistados resultan verdaderamente sorprendentes.

En efecto, entre los años 2008 y 2009, quienes estiman que los principales beneficiarios provienen de la clase baja se incrementaron desde un 29,4% a un 53,5%, mientras que aquellos que estimaban que eran los miembros de la clase alta, se redujeron desde un 36,6% a un 12,1%. Fue importante también constatar un incremento significativo entre aquellos que piensan que los principales beneficiarios provienen de la clase media (desde un 19,4 a un 25,4%).

Es decir, estamos frente a un cambio profundo en las percepciones, toda vez que los incrementos para el caso de los beneficiarios pobres y de clase media son estadísticamente muy significativos. De la misma forma, el descenso experimentado por la clase alta, no hace sino confirmar que durante el enfrentamiento de la crisis económica, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha logrado generar una inflexión de proporciones en las opiniones ciudadanas acerca de quiénes -en definitiva- se ven beneficiados por lo que hacen los gobiernos concertacionistas.

Este dato que podría pasar inadvertido, no obstante, recoge y expresa una preocupación central por los temas de la desigualdad en el acceso a las oportunidades. Sensación compartida especialmente por los sectores medios y bajos de nuestro país y que se reflejan en un sinnúmero de estudios de opinión, destacando especialmente aquellos que en el último tiempo han develado la demanda por más Estado en materias de servicios públicos y el malestar que existe frente a un predominio del mercado en áreas sensibles como el agua, la luz y las pensiones entre muchos otros. El Latinobarómetro, los informes del PNUD y otras encuestas nacionales, y de la propia UDP abundan en estos temas.

Fue a fines del año 1999 cuando Ricardo Lagos proponía un slogan capital para la primera vuelta presidencial: “crecer con igualdad”. Recuerdo nítidamente una gigantografía instalada en la parte superior de una vivienda en Estación Central, donde Lagos con los brazos extendidos parecía amplificar la fuerza de ese mensaje de campaña.

Pese a los significativos avances de su gestión, esa promesa de igualdad, se encuentra pendiente hasta el día de hoy. Ello, porque a pesar de haber creado el seguro de cesantía, fundado el Auge y establecido los 12 años de escolaridad obligatoria, entre otros avances, la brecha que separa a ricos y pobres ha permanecido relativamente inalterable es este mismo período. A ello se suma, la increíble debilidad que hasta nuestros días experimenta la educación pública para asegurar la ansiada movilidad social de los sectores más postergados del país.

Es en este último año que el sistema de protección social impulsado por Michelle Bachelet ha logrado instalarse nítidamente en la memoria de los ciudadanos y ciudadanas. Es un logro que ha conseguido entrar en las percepciones, con la misma velocidad que han podido obtener beneficios concretos en estos meses de crisis económica a través de los bonos de marzo e invierno. Pero, la reforma previsional, el bono por hijo nacido vivo, así como, los avances en la cobertura de educación pre-escolar y la política de subsidios para la vivienda, son sin duda los pilares fundamentales de una política social que se ha atrevido a relevar al Estado como pilar fundamental del bien común.

Sin duda, que en este contexto de crisis económica, la conmoción ciudadana y sanción ética a la colusión de las farmacias ha ayudado a develar las oscuras intenciones de la mano invisible del mercado -y de paso- relevar aun más la presencia del Estado. A ello, se suma una activa política comunicacional y un acertado guión de gobierno, que ha entendido que la profundidad de las reformas deben necesariamente reflejarse en las percepciones y sensaciones del sentido común, del ciudadano de a pie, de los obreros y trabajadoras que quieren compartir una sensación común de progreso.

En los ya tradicionales “puerta a puerta” de las campañas presidenciales, tuve la fortuna de conversar con varios vecinos de la población La Bandera este último sábado de octubre, en todos ellos y ellas el reconocimiento a la Presidenta Bachelet era auténtico e instantáneo. Era fácil comenzar un diálogo cuando nos identificábamos con los avances de la Presidenta; de ahí en adelante el contacto parecía más fluido y cercano.

Esas impresiones del sentido común, junto a los “representativos” números de las encuestas, son consistentes en mostrarnos que esa inflexión en las opiniones ciudadanas acerca de quiénes son los más beneficiados por los actos del Gobierno, debe obligarnos a perseverar en el camino de las reformas que están pendientes y que es urgente llevar a cabo para enfrentar las intensas desigualdades de nuestro país.

Tenemos la responsabilidad de profundizar el derrotero sembrado por la Presidenta Bachelet, esta vez en materias vitales de nuestra democracia como son el sistema educacional y la constitución del 80, en ambos casos debemos atrevernos a realizar reformas profundas y urgentes. De otra manera esas percepciones ciudadanas volverán a los promedios históricos y habremos perdido la oportunidad de instalar en la opinión pública –y en el sentido común- una sensación compartida de progreso y bienestar social.